Primera Sección

El presidente de la Nación, Juan Bautista Mahiquese, emitió varios decretos que designaron a distintas figuras en cargos clave dentro del Ministerio Público y la Justicia. Entre ellos, el Decreto 934/2026 nombró al doctor Hernán Enrique Figueroa como defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal. Este cargo fue establecido según la Ley N° 27.149 y con el visto bueno del Senado, lo que indica su legitimidad institucional. Además, el Decreto 937/2026 designó al doctor Germán Luis Artola como Defensor Público Oficial Adjunto en la misma jurisdicción, mientras que el Decreto 897/2026 nombró al doctor Esteban José Chervin como defensor público ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal.

En otro ámbito, el Decreto 928/2026 designó a la doctora Evangelina María Lasala como jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal, y el Decreto 899/2026 nombró al doctor Sebastián Rodrigo Gherzi como Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal. Estos nombramientos fueron autorizados por el H. Senado de la Nación y se basan en disposiciones constitucionales y legales vigentes.

También se publicó el Decreto 877/2026, que designó al doctor Santiago Roldán como Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, y el Decreto 884/2026, que nombró a la doctora María Ángeles Ramos como fiscal general en el mismo ámbito. Ambos actos fueron emitidos por el presidente de la Nación y publicados en el Boletín Oficial el mismo día.

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad Nacional aprobó mediante la Resolución 878/2026 el sistema SIGPPLAR, un mecanismo especializado para gestionar a personas privadas de la libertad de alto riesgo. Este sistema, ya aprobado previamente en 2024, ha demostrado beneficios en la seguridad pública y la administración penitenciaria, especialmente en regiones como la hidrovía Paraná-Paraguay.

Estos actos oficiales muestran una intensa actividad en el ámbito judicial y de seguridad, con un énfasis en la formalización de nombramientos y la implementación de políticas que buscan mejorar la eficiencia y la seguridad del Estado.