✓ Verificado automáticamente contra la fuente oficialCómo verificamos →
media trascendenciaprimeraconvenio-laboral

MINISTERIO DE JUSTICIA

Homologan convenio salarial textil con aumento del 8%

Homologan convenio salarial textil con aumento del 8%

El Ministerio de Justicia homologó un acuerdo que otorga un aumento del 8% a trabajadores del sector textil.

Lectura editorial basada en documentos públicos oficiales.Esta nota parte de publicaciones oficiales y puede incluir contexto editorial asistido por sistemas automáticos. Consultá siempre la publicación original del Boletín Oficial.Ver fuente oficial: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/350490/20261118

El Ministerio de Justicia homologó un convenio salarial del sector textil con un aumento del 8%, lo que implica que miles de trabajadores recibirán un mejoramiento de ingresos bajo un marco legal obligatorio. Este acto refuerza el rol del Estado en la mediación de relaciones laborales, incluso en sectores no tradicionales.

Publicidad

Próximamente

Contexto histórico

Antecedentes relacionados

  • En los ultimos 120 dias se detectaron 25 avisos vinculados con homologacion o registro de acuerdos laborales.
  • La mayor concentracion aparece en MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO (25).
  • Los sectores mas repetidos son industria textil (10), comercio y servicios (8), sector publico laboral (5).
Serie laboral

Acuerdos homologados recientes

En los ultimos 120 dias se detectaron 25 avisos vinculados con homologacion o registro de acuerdos laborales.

Organos mas activos
  • MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO25
Ramas inferidas
  • industria textil10
  • comercio y servicios8
  • sector publico laboral5
  • automotriz y mecanica2
  • La mayor concentracion aparece en MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO (25).
  • Los sectores mas repetidos son industria textil (10), comercio y servicios (8), sector publico laboral (5).
  • La inferencia se basa en titulos, organismos y texto oficial disponible; no reemplaza la lectura del acuerdo homologado completo.
Criterio editorial

Por qué importa

La homologación de un convenio colectivo con un aumento salarial del 8% tiene trascendencia media porque afecta directamente a un grupo significativo de trabajadores y establece un precedente en la intervención del Ministerio de Justicia en acuerdos laborales fuera del ámbito tradicional del trabajo.

Claves de lectura

Entidades y temas

Seguir leyendo

Lo que sigue moviendo el tablero oficial

2 piezas
Mismo organismo

Seguí la agenda de MINISTERIO DE JUSTICIA

3 avisos
Mismo tipo de acto

Otras decisiones bajo convenio-laboral

3 avisos
Correcciones

Reportar un problema

Publicidad

Próximamente

Documento base

Texto original

Resolución 559/2026

MINISTERIO DE JUSTICIA Resolución 559/Ciudad de Buenos Aires, 13/11/2026VISTO el Expediente N° EX-2024-41777447- -APN-DRS#MJ, el Decreto-Ley N° 6582 del 30 de abril de 1958 (T.O. Decreto Nº 1114 del 24 de octubre de 1997) y sus modificatorios, los Decretos Nros. 644 del 18 de mayo de 1989, 2265 del 22 de diciembre de 1994 y 456 del 3 de agosto de 2022, las Resoluciones N° 224 del 24 de julio de 2024 y 310 del 2 de octubre de 2024 ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA, y las Disposiciones Nros. 54 del 16 de junio de 1998 de la ex SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA y 108 del 30 de marzo de 2023 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, yCONSIDERANDO:Que mediante la Resolución Nº 224/2024 del MINISTERIO DE JUSTICIA se ordenó instruir sumario administrativo al Encargado Titular del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR DE ROSARIO N° 12 (21050), provincia de SANTA FE, señor Alejo URIBE ESCOBAR (D.N.I. N° 22.168.291), con el objeto de deslindar su responsabilidad disciplinaria con motivo de las irregularidades detectadas en el Seccional a su cargo.Que, posteriormente, a través de la Resolución 310/2024 del MINISTERIO DE JUSTICIA se aceptó la renuncia la renuncia presentada por el señor Alejo URIBE ESCOBAR (D.N.I. Nº 22.168.291) al cargo de Encargado Titular del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR DE ROSARIO N° 12 (21050), provincia de SANTA FE, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que le pudiese corresponder por su actuación al frente del citado Registro Seccional.Que, notificada fehacientemente del inicio del sumario, la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL decidió no intervenir como parte acusadora en las presentes actuaciones.Que, durante el trámite del sumario, la Instrucción realizó diversas medidas de prueba conducentes al esclarecimiento de los hechos y produjo los Informes previstos en los artículos 23 (IF-2025-18297432-APNDSS#MJ) y 31 (IF-2025-101809844-APN-DSS#MJ), ambos del Decreto N° 644/1989 y su modificatorio N° 2265/1994, en los que se aconsejó declarar la existencia de responsabilidad disciplinaria del señor URIBE ESCOBAR, a quien de haber continuado en funciones le hubiese correspondido la sanción de REMOCIÓN, debiendo anotarse ello en su legajo personal.Que las irregularidades objeto de investigación surgen de los antecedentes obrantes en autos, de conformidad con lo detallado en el Dictamen N° IF-2024-55485804-APN-DRS#MJ producido por el DEPARTAMENTO INFORMACIONES SUMARIAS de la ex DIRECCIÓN DE REGISTROS SECCIONALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS de esta Cartera de Estado.Que al sumariado se le reprochó el incumplimiento de la obligación de depositar íntegra y oportunamente en favor de la Administración Central los remanentes de recaudación correspondientes a las liquidaciones de emolumentos, al registrar saldos pendientes de pago correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2024.Que, encontrándose debidamente citado, el señor URIBE ESCOBAR prestó declaración por escrito en los términos del artículo 21 del Decreto N° 644/1989 y su modificatorio 2265/1994.Que, posteriormente, corrido el traslado del Informe previsto en el artículo 23 del citado Decreto, presentó su descargo, en el que además de exponer sus argumentos de defensa, ofreció prueba testimonial y documental.Que, asimismo, el sumariado interpuso la nulidad de todo lo actuado, al rechazar lo aconsejado en el Informe del artículo 23 del Decreto N° 644/1989 y su modificatorio Nº 2265/1994 toda vez que, según expresó, al haberse aceptado su renuncia no se le pueden aplicar sanciones disciplinarias o dictársele una “remoción virtual” a anotarse en el legajo personal, y, por lo tanto, no puede continuarse con un sumario en su contra, que le causaría “un perjuicio moral y económico”.Que, ante ello, corresponde aclarar que, en efecto, la situación de revista del sumariado es la de un titular registral al que, si bien se le ha aceptado la renuncia, nada impide continuar con el trámite del sumario, más aún al versar su objeto sobre la existencia de perjuicio fiscal.Que, además, nada obsta a que se anote la sanción en su legajo personal, toda vez que, de acuerdo a la doctrina de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, la anotación de la sanción que le hubiese correspondido al funcionario, en caso de haber permanecido en funciones, “…no constituye una pretensión punitiva sino una medida de carácter preventivo y, como tal, legítima ante la posibilidad de un futuro reingreso” (Dictámenes, 295:269).Que, en la misma presentación, el sumariado invocó la imposibilidad de ejercer su defensa, por cuanto a partir de la intervención de la Oficina Registral, según sus dichos, no pudo contar con pruebas instrumentales y documentales existentes en el Seccional, como para poder defenderse.Que el planteo no resulta razonable, atento que previo a sus presentaciones en descargo el sumariado ha podido ejercer su derecho a la toma de vistas de rigor, concedidas sobre la totalidad de las actuaciones documentales, pudiendo asimismo solicitar autorización para consultar la instrumental existente en el Registro.Que en el Memorándum N° ME-2025-65105909-APN-DGDYD#MJ obra embebida una nueva presentación del sumariado, en la cual se agravió, en primer lugar, por supuestas “irregularidades en la vista digital”, la cual cabe tener por abstracta al tomar vista integral de lo actuado en forma previa a su alegato final, sin haber formulado otras impugnaciones.Que, además, el sumariado consideró que existiría una irregularidad en el proveído y la producción de la prueba, al no haberse dispuesto una medida por él ofrecida o haberlo hecho en forma parcial o deficiente, alegando que se violaron las garantías a la defensa y producción de prueba consagradas en el artículo 18 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.Que, al respecto, atento a que finalmente fue producido el cúmulo total de la prueba ofrecida por el sumariado, cabe considerar que el planteo de nulidad ha quedado a todas luces abstracto ante la cumplimentación integral del capítulo de prueba ofrecido oportunamente.Que, en lo atinente a las irregularidades enrostradas, de conformidad con el análisis efectuado por la Instrucción en el apartado IV del Informe del artículo 23 e Informe del artículo 31, ambos del Decreto N° 644/1989 y su modificatorio Nº 2265/1994, cabe resaltar que las defensas opuestas por el sumariado y la producción de prueba ofrecida en su respaldo no resultaron de entidad suficiente como para revertir los cargos imputados.Que al sumariado se le reprochó un manejo irregular de las sumas percibidas, en orden a las facultades de recaudador que le fueran confiadas, habiéndose constatado que retuvo indebidamente los importes correspondientes al remanente de recaudación de los meses de marzo, abril y mayo de 2024, que corresponden al ESTADO NACIONAL.Que dicha conducta implica el incumplimiento de las prescripciones contenidas en la Disposición N° 54/1998 de la ex SUBSECRETARIA DE JUSTICIA, receptada por el artículo 7º, Sección 1ª, Capítulo III del REGLAMENTO INTERNO DE NORMAS ORGÁNICO FUNCIONALES aprobado por la Disposición N° 108/2023 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS.Que, en efecto, la reglamentación ut supra referenciada establece que “…El depósito del remanente de recaudación que corresponde al ESTADO NACIONAL debe realizarse dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes a la finalización del mes en que fueron percibidos, debiendo efectuar UN (1) solo depósito por cada mes”.Que, para justificar su conducta omisiva, el sumariado alegó una suerte de persecución política en su contra, y un estado de quebranto del Seccional a su cargo, originado en una suerte de plan deliberado de desfinanciación de su registro en particular, y del sistema registral en su conjunto, que derivó en la renuncia masiva de encargados titulares.Que, producida la prueba que ofreciera en respaldo de sus dichos, cabe decir que no se verificó en los hechos dicha persecución, como así tampoco el quebranto generalizado de los Registros Seccionales.Que, en tal sentido, se remarcó que las sucesivas TRES (3) intervenciones del Seccional en cuestión, efectuadas con posterioridad a la gestión del sumariado como Encargado Titular de esa Oficina Registral, no registran deuda con el ESTADO NACIONAL, efectuando los depósitos respectivos en tiempo y forma, por lo que carece de fundamento cualquier intento de demostrar la inviabilidad de llevar adelante la función registral con normalidad.Que los Encargados Titulares, renunciantes o no, cuyas conductas se asimilan a la del sumariado en tanto han retenido fondos pertenecientes al ESTADO NACIONAL, fueron denunciados penalmente, son objeto de investigación en sede administrativa y constituyen un porcentaje irrelevante del universo de funcionarios a cargo de los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor.Que la ecuación económico-financiera que deriva de la actividad de los ingresos y gastos de los Registros, debe mensurarse en comparación con todos los períodos en los cuales el encartado ha estado a cargo del Registro Seccional en cuestión.Que el cuerpo legal a cuyo cumplimiento el sumariado se ha obligado voluntariamente, le impide a los Responsables efectuar retenciones unilaterales de fondos pertenecientes al erario público como un mecanismo compensatorio, ya que el derecho de retención constituye una regla del derecho privado no aplicable en modo alguno a un funcionario público, en quien el Estado ha delegado funciones registrales y fedatarias.Que por conducto de la Nota N° NO-2025-16143721-APN-DPCPYEGJ#MJ, la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, CONTROL PRESUPUESTARIO Y EVALUACIÓN DEL GASTO JURISDICCIONAL de este Ministerio informó el monto adeudado a la fecha por el sumariado, en concepto de remanente de recaudación de las liquidaciones correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2024.Que, la documental respaldatoria de las irregularidades de mención, oportunamente acopiada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, fue elaborada por funcionarios de la Administración Pública Nacional y, por lo tanto, “...son pruebas escritas, se presumen documentos auténticos mientras no se pruebe lo contrario. Hacen plena fe de su otorgamiento, de la fecha y de las declaraciones que haga el funcionario que lo suscribe” (conforme CÁMARA NACIONAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, SALA IV, “Luchina c/Gobierno Nacional” del 4 de octubre de 1987, La Ley N° 1988-A-209).Que vale decir entonces que las pruebas de descargo debieron ser de tal contundencia e indubitabilidad que permitieran desvanecer las imputaciones formuladas, circunstancia esta que no ocurrió durante la sustanciación del trámite sumarial.Que, sobre dicha cuestión, la Instrucción determinó la existencia de perjuicio fiscal en detrimento del ESTADO NACIONAL, estimado nominalmente en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($45.999.117,61), sin perjuicio de los intereses que correspondan al momento de su efectiva percepción, a la vez que señala la existencia de una deuda mayor correspondiente a períodos que no forman parte del objeto preciso de la investigación.Que, por su parte, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN en el Informe Técnico N° 72/2026, incorporado mediante IF-2026-85915113-APN-GAJ#SIGEN, determinó que el perjuicio fiscal ocasionado asciende, al 26 de agosto de 2026, a la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($82.557.801,47),resultando de relevante significación económica, en los términos del Punto 5 del Anexo de la Resolución SIGEN N° 400/2022.Que, en ese sentido, se considera necesario instruir a las áreas competentes del MINISTERIO DE JUSTICIA a realizar las gestiones que resulten conducentes para perseguir el recupero del mencionado menoscabo patrimonial.Que lo hasta aquí expuesto vulnera las prescripciones contenidas en el artículo 4°, inciso b) del Decreto N° 644/1989, y su modificatorio Nº 2265/1994, circunstancia que deviene reprochable para un funcionario público a quien el ESTADO NACIONAL ha investido con facultades de registrador.Que, sobre la base de ello, cabe concluir que el desempeño del sumariado, señor Alejo URIBE ESCOBAR (D.N.I. N° 22.168.291), deviene pasible del reproche disciplinario aconsejado por la Instrucción, siendo la sanción que le hubiere correspondido al nombrado en caso de hallarse ejerciendo las funciones de Encargado Titular del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR DE ROSARIO N° 12 (21050), provincia de SANTA FE, proporcional a la entidad de las faltas y razonable a la luz de lo normado en los artículos 9°, inciso c), 10 y 11 del Decreto Nº 644/89 y su modificatorio.Que, en consecuencia, corresponde asentar en su Legajo Personal que, en caso de hallarse ejerciendo las funciones de Encargado Titular del precitado Registro Seccional, le hubiera correspondido la sanción de REMOCIÓN [conforme artículos 9º, inciso c), 10 y 11 del Decreto Nº 644/89 y su modificatorio Decreto Nº 2265/94].Que el servicio de asesoramiento jurídico permanente ha tomado la intervención de su competencia.Que el presente acto administrativo se dicta en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 12, inciso 4), del Decreto Nº 644/1989 modificado por su similar Nº 2265/1994.Por ello,EL MINISTRO DE JUSTICIARESUELVE:ARTÍCULO 1º.- Dase por concluido el presente sumario ordenado por la Resolución Nº 224/2024 del MINISTERIO DE JUSTICIA, conforme los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.ARTÍCULO 2º.- Desestímanse los planteos de nulidad interpuestos por el señor Alejo URIBE ESCOBAR (D.N.I. N° 22.168.291) durante el trámite del presente sumario administrativo.ARTÍCULO 3º.- Declárase la existencia de responsabilidad disciplinaria del señor Alejo URIBE ESCOBAR, por hallar las irregularidades examinadas en el apartado IV del Informe del artículo 23 y en el apartado IV del Informe del artículo 31, ambos del Decreto N° 644/1989 y su modificatorio Nº 2265/1994, encuadradas en el artículo 36, inciso f) del Decreto-Ley N° 6582/1958, (T.O. Decreto Nº 1114 del 24 de octubre de 1997), a quien de haber permanecido en sus funciones de Encargado Titular del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR DE ROSARIO N° 12 (21050), provincia de SANTA FE, le hubiera correspondido la sanción de REMOCIÓN [artículos 9, inciso c), 10 y 11 del Decreto Nº 644/1989 y su modificatorio Nº 2265/1994] la que deberá ser anotada en su legajo personal.ARTÍCULO 4°.- Declárase que durante la tramitación del presente sumario se advirtió la existencia de perjuicio fiscal en detrimento del ESTADO NACIONAL, calificado de relevante significación económica, estimado en la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($82.557.801,47), conforme artículo 32, inciso e) del Decreto Nº 644/1989 y su modificatorio Decreto Nº 2265/1994, con más los intereses que correspondan al momento de su efectivo cobro.ARTÍCULO 5º.- Instrúyese a las áreas competentes del MINISTERIO DE JUSTICIA a realizar las gestiones administrativas y/o judiciales que resulten conducentes para perseguir el recupero del menoscabo patrimonial del ESTADO NACIONAL.ARTÍCULO 6º.- Notifíquese a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y a la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en orden a lo dispuesto en el artículo 123 del REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, aprobado por el Decreto N° 456/2022, de aplicación supletoria a estas actuaciones de conformidad con el artículo 35 del Decreto N° 644/1989 y su modificatorio N° 2265/1994.ARTÍCULO 7°.- Notifíquese al interesado, haciéndole saber que no se encuentra agotada la vía administrativa, y que contra la presente medida podrá interponer, a su opción, recurso de reconsideración o recurso jerárquico dentro de los plazos de VEINTE (20) y TREINTA (30) días hábiles administrativos, respectivamente, contados a partir de su notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 84 y 89 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N°1759/1972 (T.O. 2017) y su modificatorio.ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.Juan Bautista Mahiquese. 18/11/2026 N° 85969/26 v. 18/11/2026 Fecha de publicación 18/11/2026