La resolución 280/2026 formaliza la intervención del ENACOM, que ya había sido dispuesta en enero de 2024 mediante el Decreto 89. Esto implica la suspensión temporal de su autonomía operativa y la transferencia de sus funciones ejecutivas a una autoridad política dependiente de la Jefatura de Gabinete. La medida refuerza el control directo del Poder Ejecutivo sobre la regulación de medios y telecomunicaciones, afectando su independencia constitucionalmente prevista.
Desde 2024, el ENACOM opera bajo intervención, tras una decisión que rompió con la estructura autárquica establecida por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Actualmente, el organismo carece de autoridades designadas por consenso multipartidario y funciona bajo gestión transitoria sin mandato legislativo expreso.
{"Ganan: Poder Ejecutivo nacional y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; Pierden: Sociedad civil, medios independientes y organismos de control que dependían de la autonomía del ENACOM"}
Por qué importa
Esta decisión profundiza la precarización institucional del sistema de comunicación audiovisual argentino, debilitando mecanismos de control democrático sobre los medios y abriendo riesgo de sesgo regulatorio en licencias, sanciones y asignación de frecuencias.
