El Decreto 1365/2026, emitido en Buenos Aires el 13 de noviembre de 2026, aprueba dos contratos: uno de garantía entre la República Argentina y el BCIE, y otro de contragarantía entre la Nación y la Provincia de Entre Ríos. El monto del préstamo es de hasta 27.500.000 dólares estadounidenses. En caso de incumplimiento por parte de la provincia, el Gobierno Nacional puede gestionar el débito automático de sus fondos de Coparticipación Federal o su reemplazo, hasta cubrir el monto adeudado. La aprobación se basa en informes técnicos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía, que evalúan el impacto macroeconómico como limitado y el costo financiero inferior al mercado interno.
El Banco Central de la República Argentina supervisa el impacto de operaciones externas sobre la balanza de pagos. La Oficina Nacional de Crédito Público evalúa el costo financiero de los préstamos públicos. Ambos organismos actúan dentro del marco de la Ley N° 11.672, que regula el crédito público nacional. La aprobación del decreto se realiza en ejercicio de facultades constitucionales y legales sobre la gestión financiera del sector público.
La Provincia de Entre Ríos se beneficia del acceso a financiamiento para obras vial. El Gobierno Nacional asume riesgo crediticio, pero puede recuperar el monto mediante el débito automático de fondos de Coparticipación Federal.
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Por qué importa
El acto tiene trascendencia alta porque implica la intervención del Estado nacional en un préstamo externo para una provincia, mediante la asunción de una garantía estatal y una contragarantía provincial, lo que afecta la gestión fiscal, el manejo del crédito público y la articulación entre niveles de gobierno en contextos de financiamiento internacional.