Seguridad en eventos masivos: el Estado amplía su poder sobre la calle

Análisis editorial

El Estado está redefiniendo el límite entre seguridad pública y libertad de expresión al ampliar el control sobre la vía pública durante eventos masivos.

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El Ministerio de Seguridad Nacional dio un paso firme hacia la centralización del control sobre la seguridad en eventos masivos al homologar un protocolo de prevención de violencia en estadios y ratificar una ampliación del marco sancionador que incluye ahora cualquier manifestación en espacios abiertos. Dos resoluciones, ambas dictadas el 6 de noviembre de 2026, señalan una estrategia clara: no solo regular el acceso a los estadios, sino también intervenir en la dinámica de protestas o reuniones públicas que puedan generar riesgos en contextos de alta concentración.

El detalle

La Resolución 1165/2026 homologa el Protocolo de Seguridad para Eventos Deportivos, un marco técnico que ya venía operando desde 2017 bajo la Resolución 354/2017. Este acto no introduce nuevas reglas, pero sí le da legitimidad institucional definitiva al sistema, asegurando que todas las fuerzas provinciales y locales lo apliquen con coherencia nacional. La homologación implica que el Ministerio de Seguridad Nacional asume la responsabilidad central de coordinar, supervisar y evaluar la implementación de estas medidas en todo el territorio argentino.

Paralelamente, la Resolución 1167/2026 ratifica una modificación al Artículo 2º de la Resolución 354/2017, dictada en marzo de 2025, que amplía el ámbito de aplicación de las conductas sancionables —como agresiones, incitación a la violencia o uso de objetos peligrosos— a cualquier manifestación o congregación en la vía pública o lugares abiertos al público, cualquiera sea su naturaleza. Esto significa que no solo se puede sancionar a quienes alteran el orden en un estadio, sino también a quienes organizan o participan en movilizaciones en plazas, calles o parques durante o cerca de eventos masivos.

Ambas decisiones se basan en el mismo marco normativo: la Ley N° 22.520 (t.o. Dec. 438/92), que otorga al Ministerio de Seguridad Nacional competencia sobre la seguridad interior, y el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, que establece el organigrama de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría, incluyendo a la Subsecretaría de Despliegue Territorial como eje de coordinación operativa.

Qué patrón muestra

Estos dos avisos no son aislados. En los últimos tres meses, el Ministerio de Seguridad Nacional ha publicado al menos cuatro resoluciones relacionadas con la seguridad en eventos masivos, entre ellas la 929/2026, que actualizó reglas sobre acceso a estadios, y la 735/2026, que estableció protocolos para evitar incidentes en espectáculos futbolísticos. Además, en septiembre se designaron funcionarios específicos para coordinar la seguridad del Papa, lo que evidencia una tendencia creciente hacia la especialización y centralización del control en eventos de alto impacto.

Este patrón indica una política de Estado que busca consolidar el rol del Ministerio como autoridad única en la gestión de riesgos en espacios públicos masivos. No se trata solo de prevenir disturbios, sino de definir qué tipo de actividad ciudadana es compatible con la seguridad institucional. La ampliación del alcance de las sanciones a la vía pública sugiere una intención de anticipar conflictos antes de que ocurran, incluso cuando no hay un evento deportivo en curso.

El contexto institucional

El Ministerio de Seguridad Nacional, creado por la Ley N° 22.520, tiene como misión principal preservar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, así como garantizar el ejercicio del poder de policía interno en un marco democrático. Su estructura está definida por el Decreto N° 50, que establece la Subsecretaría de Despliegue Territorial como órgano encargado de coordinar la presencia policial en todo el país, especialmente en zonas estratégicas o de alto riesgo.

La Dirección Nacional de Seguridad de Eventos Deportivos, mencionada en ambos avisos, opera bajo esta subsecretaría y es responsable de elaborar, monitorear y evaluar los protocolos de seguridad para eventos masivos. Su capacidad de acción se fortalece con cada homologación, ya que adquiere mayor legitimidad legal y mecanismos de fiscalización.

Qué sigue

Con este doble anuncio, el Ministerio de Seguridad Nacional no solo cierra un ciclo de regulación iniciado en 2017, sino que abre un nuevo escenario: el control del espacio público como parte integral de la seguridad en eventos. En los próximos meses, es probable que se intensifiquen las inspecciones, se expandan los registros de personas con restricciones de concurrencia (como el Programa Tribuna Segura), y se profundicen las cooperaciones con fuerzas provinciales para aplicar uniformemente estos criterios.

El próximo desafío será cómo equilibrar esta centralización con la protección de derechos fundamentales, como el derecho a la libre expresión y la reunión pacífica. Aunque las resoluciones no introducen nuevas sanciones ni restricciones, su efecto práctico puede ser significativo: al ampliar el campo de aplicación de las conductas sancionables, se aumenta el margen de intervención del Estado en actividades ciudadanas legítimas.

Entidades clave

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