El Ministerio de Justicia refuerza su estructura directiva con seis designaciones transitorias amparadas en excepciones regulatorias
En un solo día, la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia dispuso seis designaciones transitorias en cargos directivos clave —desde asesoramiento jurídico hasta registros de bienes secuestrados— todas justificadas bajo la misma base legal que permite excepciones al régimen general de empleo público, evidenciando una acción coordinada para asegurar la continuidad funcional de unidades esenciales mientras persiste la imposibilidad de convocar concursos permanentes.
12 de mayo de 2026 · 6 fuentes
La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia publicó el 12 de mayo de 2026 una serie de disposiciones que cubren cargos directivos vacantes en distintas áreas estratégicas del sistema de justicia nacional. Entre ellas se incluyen la designación transitoria de Brenda Elizabeth Santagada López como Directora Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, Claudia Graciela Reston como Directora de Asesoramiento Jurídico en Materia de Asuntos Administrativos, y Roxana Alejandra Quiroga como Directora de la Dirección de Asistencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Además, se prorrogaron las funciones transitorias de Lucas Somigliana al frente de la Dirección Nacional de Relaciones con el Poder Judicial y de Agustín Carrara en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados.
Todas las medidas responden a una lógica común: la cobertura inmediata de vacancias en puestos de dirección nacional o coordinación, todos financiados dentro del Presupuesto 2026 (Ley 27.798), y todos amparados expresamente en la excepción prevista por el Decreto 934/2025 —que prohíbe nuevas designaciones temporales salvo casos específicos— y en la habilitación del Decreto 958/2024 para cubrir cargos inferiores a Subsecretario mediante mecanismos transitorios. Los fundamentos coinciden en señalar la imposibilidad de tramitar procesos de selección permanentes, ya sea por ausencia de convocatorias vigentes o por trabas administrativas en la gestión de concursos.
Las unidades afectadas abarcan funciones centrales para la operación del sistema: producción de dictámenes jurídicos, articulación con el Poder Judicial, protección de derechos humanos, gestión de información jurídica pública y control de bienes vinculados a causas penales. Ninguna de las designaciones implica creación de nuevos cargos ni modificaciones orgánicas; todas se inscriben dentro de estructuras ya aprobadas, como la establecida por el Decreto 735/2024 para el Registro Nacional de Bienes Secuestrados.
La concentración de estos actos en una sola jornada sugiere una revisión sistémica de vacancias acumuladas y una decisión institucional de priorizar la estabilidad operativa sobre la formalización de procesos competitivos en el corto plazo. No se informa duración específica para las designaciones nuevas, aunque las prórrogas sí especifican plazos concretos —como los 180 días hábiles para Somigliana— y fechas de inicio retrospectivas que evidencian una continuidad administrativa previa. Fuentes: Disposiciones 134/2026, 139/2026, 140/2026, 143/2026, 151/2026 y 152/2026, publicadas en el Boletín Oficial el 12 de mayo de 2026, todas emanadas de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia.
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